Con información de La Política Online
El general Salvador Cienfuegos vive días apacibles en su residencia del Edomex. Tras poco más de un mes detenido en Estados Unidos, el ex titular de la Sedena fue regresado a México por el Departamento de Justicia a cargo de William Barr que no encontró pruebas sólidas en su contra. Los motivos de la detención y la explicación en torno a la liberación, siguen siendo los temas centrales de sus conversaciones privadas.
El ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional se ha reunido por lo menos en tres ocasiones con altos mandos militares que lo han visitado para conocer más sobre su experiencia traumática, que se inició en el atardecer del 15 de octubre, en el aeropuerto de Los Ángeles. Las pláticas son tranquilas, pero cargadas de definiciones políticas.
Sereno, según pudo conocer LPO, el general está convencido de que la pesquisa de Alejandro Gertz Manero tampoco encontrará evidencias sólidas en su contra. «Ustedes me conocen, saben de mi familia, saben de esta casa donde vivo hace años, lo que ven es lo que hay y eso lo va a ver el fiscal también», desliza ante sus interlocutores.
Pero quizás lo más interesante de estas conversaciones sea que Cienfuegos alimenta sin ruborizarse una tesis que ya circula hace semanas en la Sedena: su detención se dio como consecuencia de algún tipo de ajuste de cuentas de la DEA para con el gobierno mexicano. El motivo sería la captura fallida del hijo de Joaquín Guzmán Loera que detonó en el estallido de Culiacán en 2019.
Bajo esta lógica, Cienfuegos asegura que ya escuchó versiones sobre el plazo que le habría dado la DEA al Gobierno de la 4T para generar alguna detención determinante -como se publicó en Reuters-. Esa detención no llegó y la represalia fue el arresto del general. LPO reveló que desde Palacio Nacional se encargó una fuerte revisión patrimonial de Cienfuegos y que el resultado fue negativo.
Cienfuegos se muestra inquieto por el destino de la relación bilateral. Cree que ahora la DEA querrá exigir a Andrés Manuel López Obrador la detención de Rafael Caro Quintero, jefe del narco a quien se le atribuye la tortura y el asesinato del tristemente célebre agente de la DEA, Enrique Camarena.
El pedido de ir tras Caro Quintero ya estaba en la Sedena en tiempos de Cienfuegos pero el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca concedió por entender que el ex jefe narco ya es una figura muy periférica y que hay otros blancos de mayor interés. Cienfuegos recuerda esa presión comenzó cuando Caro Quintero desapareció tras una liberación judicial confusa, a inicios del sexenio de Peña.
LPO reveló que la liberación de Cienfuegos generó fuerte malestar en el staff de Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos y que la DEA quedó muy expuesta ante la caída del caso.
Para la 4T sería una exigencia muy compleja porque además implica revivir, como ya ha relatado el cine, la TV y los libros, la pelea entre la DEA y la CIA por sus operaciones en México. De momento, la semana pasada la DEA aumentó su recompensa por datos sobre Caro Quintero. Ahora es de 20 millones de dólares.
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