CUERNAVACA, MOR.- La ex secretaria de Cultura del gobierno de Morelos, Cristina “N” y otros tres altos funcionarios de la dependencia durante el periodo 2012-2018, fueron imputados por ejercicio ilícito del cargo por gestionar y permitir el pago de un libro que nunca se hizo, con un costo de casi un millón de pesos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEEC), llevó ante un juez el caso de la funcionaria, y a tres de sus ex colaboradores, que a partir de este jueves deberán firmar ante el juzgado de manera mensual y tienen la prohibición para salir del país, en tanto, se otorgaron 144 horas a la defensa para la audiencia de vinculación a proceso.
Hasta el momento, al menos tres ex secretarios de despacho del gobierno del perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu: Patricia Izquierdo Medina de Obras Publicas, Jaime Álvarez Cisneros de Turismo y ahora Cristina Feasler.
Pero además hay decenas de funcionarios de segundo y tercer nivel que Obran en más de 70 denuncias iniciadas por el gobierno estatal.
De acuerdo con la denuncia iniciada por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, la ex secretaria y sus colaboradores permitieron la afectación de recursos públicos, luego de que el 3 marzo de 2014 se celebró un convenio entre la Secretaría de Cultura de Morelos y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) para la realización de diversos proyectos culturales del Fondo Editorial, incluidos el libro en mención.
Derivado de dicho convenio, “el 28 de julio de 2014 Conaculta transfirió a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Morelos, recursos por 32 millones 62 mil 151 pesos, y dentro del convenio se estableció la ejecución de un proyecto consistente en la elaboración de un libro en homenaje a Joy Laville, pintora inglesa naturalizada mexicana y que vivió en Cuernavaca”.
Según la narrativa de la denuncia, inicialmente se consideró la elaboración de 2 mil ejemplares, sin embargo, después de diversas peticiones de modificación al convenio, se acordó la producción de mil libros.
Según los tiempos ofrecidos por la FECC, La producción e impresión del libro debió ejecutarse el 31 de diciembre de 2014, sin embargo, “la ex secretaria Cristina “N” promovió el cambio de fecha a través de diversos oficios y Conaculta accedió a modificar al 30 de junio de 2015 la terminación del libro, advirtiéndole que si en esa fecha no estaba concluido tendría que reintegrar el dinero a la Tesorería de la Federación”
Además, según siempre la denuncia, dentro de los convenios de modificación promovidos por la ex secretaria de Cultura de Morelos, quedó establecida una reducción presupuestal en los costos del libro, pasando de 761 mil pesos a 689 mil pesos por su diseño y edición, y de 839 mil a 590 mil 199 pesos por la impresión.
La ex funcionaria presuntamente promovió nuevas prórrogas para terminar con la producción del libro, las cuales fueron rechazadas por Conaculta y el 15 de septiembre de 2015, el Consejo solicitó el reintegro del dinero, ya que el libro no fue realizado.
Durante la imputación, la agente del Ministerio Público destacó que los cuatro ex funcionarios no evitaron que se realizara el pago de 590 mil 199 pesos el 28 de enero de 2016 a Vettoretti Impresores, fuera de los plazos establecidos por Conaculta, indica la denuncia oficial que incluye a Manuel “N”, ex subsecretario de Fomento a las Artes; Héctor “N”, ex director General de Gestión Administrativa y José “N” ex director General de Museos y Exposiciones.
La denuncia incluye otras acciones que fueron ofrecidas como prueba como el hecho de que José “N” habiendo renunciado a su puesto el 31 de octubre de 2018, siguió ejerciendo de manera indebida funciones inherentes al cargo que ya no ocupaba, como lo demuestran diversos correos electrónicos, en los que hace llegar archivos relacionados con la producción del libro.
También, consta un pago por 318 mil pesos, gestionados por Manuel «N» y con el visto bueno de Héctor «N», a favor de Fabricio Hernández López por 318 mil pesos en seis transferencias como pago por la elaboración de los textos generales del libro.
Un dictamen pericial aportado por la Fiscalía Anticorrupción especifica un daño patrimonial por 908 mil 999 pesos por concepto de los pagos realizados y los cuales no se encuentran justificados.
