Universidades públicas fueron utilizadas, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para desviar recursos públicos y por ello hay 14 que cuentan con denuncias penales por su posible participación en diversos fraudes; ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya actuó en contra de una primera universidad y bloqueó sus cuentas por recibir fondos del extranjero.
En total suman 31 denuncias interpuestas ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pues cuatro instituciones han sido denunciadas en más de una ocasión.
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La que más acumula irregularidades es la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con 9 denuncias penales y fue la primera institución educativa en ser denunciada en 2012, luego en 2015 y en 2017.
Le sigue la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) con siete denuncias penales; la Politécnica de Chiapas, con 2; la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, también con 2 denuncias, respectivamente.
Las restantes tienen una denuncia penal: la Universidad Veracruzana, la Autónoma de Guerrero, Juárez del Estado de Durango, la Intercultural del Estado de México, la Tecnológica del Sur del Estado de México y las Politécnicas del Sur de Zacatecas, de Texcoco, de Quintana Roo, la Francisco I. Madero de Hidalgo.
La mayoría de casos son referentes al esquema de desvío conocido como la Estafa Maestra en el que hicieron convenios con dependencias de gobierno para que realizaran supuestos servicios, pero al no tener la capacidad, subcontrataban a empresas que eran irregulares o fantasma y, por tanto, el dinero desaparecía.
Para realizar este tipo de convenios, las dependencias de gobierno y universidades utilizaron la excepción a la Ley de Adquisiciones que permite hacer servicios entre entes de gobierno federal sin licitación, es decir, evaden la obligación de hacer un concurso abierto donde los proveedores compiten para escoger a quienes ofrezcan las mejores condiciones.
Además, el régimen fiscal de las universidades las considera como entres “no lucrativas” y por tanto están exentas de entregar reportes contables sobre las empresas que contratan como proveedores, como sí lo deben hacer las empresas lucrativas ante el Servicio de Administración Tributario (SAT).
Este martes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que bloqueó las cuentas de una universidad tras detectar que recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en más de provenientes de más de 22 países como Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
Sin embargo, para respetar el debido proceso, dijo que no haría público de momento el nombre de la universidad, que es investigada por presunto lavado de dinero luego de un reporte sobre operaciones financieras inusuales el 22 de febrero.
Exrector que firmó convenios, ahora dirige el Consejo de ciencia en Morelos
Pese a que han pasado cuatro años de las primeras denuncias penales, ningún exfuncionario de las universidades ha sido procesado por las irregularidades detectadas. Incluso, dos de los rectores tienen puesto en otras instancias actualmente.
Alejandro Vera es ahora director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, designado por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pero fue rector de la Universidad Autónoma de Morelos entre 2012 y 2017, institución que suma 7 denuncias penales en ese periodo.
Como rector, Vera firmó cuatro convenios por 697 millones de pesos con la Sedesol en 2013 para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero que no se cumplieron porque las empresas que subcontrató la institución educativa eran irregulares y fantasma.
Por ello, la Auditoría interpuso cuatro denuncias penales en octubre de 2015 y tres denuncias más en 2016 por más convenios firmados en el ejercicio fiscal de 2014.
Jorge Olvera fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de México entre 2013 y 2017, periodo en el que la universidad fue denunciada penalmente, pero al concluir su administración, el Congreso mexiquense lo eligió como presidente de la Comisión de Derechos del Estado de México para el periodo de 2017 a 2021, por lo que sigue en el cargo.
Olvera, incluso, construyó su carrera en la universidad, pues antes de ser rector fue secretario técnico de la oficina de Rectoría, Abogado General y director de Desarrollo Administrativo.
La Universidad Autónoma del Estado de México fue denunciada por primera vez en 2014 por los convenios por 422 millones de pesos suscritos a través del Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict-UAEM) con el Consejo Nacional para la Culturas y las Artes (Conaculta) para “establecer las bases para la realización de actividades conjuntas, encaminadas a la ejecución de proyectos” durante el ejercicio fiscal de 2012.
Pero el Fondict-UAEM subcontrató a proveedores y no comprobó la realización de los servicios, por lo que, junto con el Conaculta fue integrado en cuatro denuncias de hechos en octubre de 2014.
Pese a ello, la Universidad y el Fondict volvieron a hacer 28 convenios y subcontrataciones de este tipo con empresas irregulares con la Secretaría de Desarrollo Social en 2013 y con el INEA, el ISSSTE y SUPERISSSTE en 2014 por 2 mil 878 millones de pesos. Por las irregularidades detectadas, la Auditoría le interpuso cinco denuncias penales más.
Sin embargo, también otros casos como la Universidad Veracruzana que fue denunciada en 2013 porque no aclaró el destino de 125 millones de pesos que recibió de la Federación a través de la partida “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”.
Otro caso similar es la Universidad Autónoma de Guerrero y en el que la Auditoría determinó “un probable daño” a la Hacienda Pública por 170 millones 949 mil pesos debido a que no comprobó que se hayan hecho supuestas “asesorías” para la realización de diversos proyectos; ni por los pagos de mantenimiento a diferentes unidades académicas y para la instalación de software.
Otras universidades repitieron el esquema de La estafa maestra. Se trata de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la Autónoma de Zacatecas hicieron convenios con la Sagarpa. La Tecnológica del Sur del Estado de México y la Universidad Politécnica de Texcoco hicieron convenios con la Sedesol en 2015, lo mismo que la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Intercultural del Estado de México.
En tanto, las Universidades Politécnicas de Quintana Roo, de Francisco I. Madero y de Chiapas hicieron convenios con la Sedatu en 2016, por lo que fueron denunciadas más recientemente, en octubre de 2018
