Con información de Milenio
México avanza en dirección opuesta al resto de América Latina en la aplicación de los programas sociales.
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Mientras que el resto de la región continúa apostando por los planes de transferencias condicionadas de recursos •los programas de asistencia social para reducir la pobreza•, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió dar un giro radical al eliminar el programa Prospera, uno de los más emblemáticos de los tres sexenio anteriores, y transfirió los recursos económicos al programa social de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
El gobierno justificó su decisión al afirmar que el programa Prospera conformaba, en la práctica, una fuente de clientelismo y corrupción.
Sin embargo, más allá de denuncias políticas cruzadas, entre los especialistas consultados por Milenio crece el debate sobre los resultados que podrían derivar del cambio de rumbo adoptado por el país.
“El programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en términos administrativos y de implementación, está reemplazando a Prospera, pero sus características no son las mismas”, dice Fátima Masse, coordinadora de proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Este programa de becas ofrece apoyo monetario a estudiantes desde educación inicial hasta nivel universitario. Pero los beneficiarios ya no recibirán los componentes de la transferencia para alimentos, tampoco las consultas médicas preventivas, ni talleres de autocuidado que ofrecía Prospera.
“En términos de educación, si bien el programa de becas tiene como requisito que los niños estén inscritos en la escuela, no monitorea la asistencia; y en salud, no obliga a que las familias tomen las pláticas sobre la alimentación de sus hijos, ni que acudan a los servicios médicos preventivos”, añade Masse.
Pioneros en combatir la pobreza México fue uno de los pioneros en toda América Latina en la implementación de los programas de transferencias condicionadas.
Tan solo en 2018 había 150 programas sociales federales, de los cuales se eliminaron 18 y se crearon 14. Un total de 146 programas quedaron vigentes y activos en esta administración.
“La continuidad de los programas lograron que los hogares mexicanos mejoraran su alimentación, se redujera los niveles de la pobreza y se mejoraran los indicadores educativos y de salud de la población”, según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), Los Programas Progresa-Oportunidades-Prospera (POP) a 20 años de su creación.
Sin embargo, los efectos positivos del programa demostraron tener límites. “Los impactos en el capital humano, en la inserción laboral de sus jóvenes beneficiarios y en su movilidad intergeneracional fueron menores a los esperados y ponen en duda la posibilidad de que se cumpliera con su finalidad: la ruptura de la herencia de pobreza”, señala el informe del Coneval.
Con esas asignaturas pendientes sobre la mesa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emprendió un nuevo rumbo.
“Más que en la condicionalidad, el énfasis ahora está puesto en la magnitud de las transferencias”, dice Simone Cecchini, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago de Chile.
“El gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo por expandir las transferencias monetarias a las familias más pobres, y, en ese sentido, sí hay mucho potencial”.
Desde que se puso en marcha el programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez en febrero pasado, se repartieron 7.5 millones de becas desde educación básica hasta universidad, lo que supera, incluso, el padrón que tenía Prospera al 30 de septiembre de 2018, cuando registró 6.7 millones de familias beneficiarias.
El programa originalmente tenía un presupuesto asignado de 41,652 millones de pesos (mdp), aunque se modificó hasta quedar en 25,499 mdp.
De eso, se ejercieron solo 51% de los recursos etiquetados para el primer semestre de 2019. Además, se propone 67,200 mdp para este programa en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, donde se espera que se incorporen entre 600,000 y 700,000 familias beneficiarias.
