CUERNAVACA, MOR.- El gobierno del estado de Morelos aseguró que la detención del Fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, mediante un operativo de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), y con apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), se efectuó «bajo estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso penal».
A través de un comunicado, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco afirmó que la detención de Uriel «N», se realizó «con base en un mandamiento judicial como parte de una de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, (y) se llevó a cabo en colaboración con la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES)».
Informó que la participación de la CES fue debido a una solicitud de la FGJCDMX, cuya participación en el operativo «en ningún momento transgredió la privacidad de Uriel “N”, ya que se entregó de manera voluntaria a las autoridades; además, que su domicilio no fue registrado en cortesía a quienes habitan en el lugar».
Diputados defienden al Fiscal
Tras la detención del Fiscal general del estado, el Congreso del estado de Morelos, aseguró que es violatoria de la soberanía del estado, y un atentado a la división de poderes.
«La detención o imputación de delitos por vías distintas a las que establece la Ley, para presionar la remoción de un Fiscal General del Estado, constituye no solo un golpe al Estado de Derecho, sino un atentado contra la división de poderes y la autonomía de los órganos autónomos encargados de la persecución del delito, así como la advertencia de que en México cualquier persona puede ser perseguida, incluso por el ejercicio de sus responsabilidades de ley», indicó en un despacho informativo.
El Congreso del estado de Morelos, cuya mayoría está en contra de la administración del gobernador, Cuauhtémoc Blanco y en franco y conocido apoyo al Fiscal General del estad, indicó en un comunicado que «la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente confirmó que los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos, gozan de la protección de la figura del fuero constitucional, lo que implicaría que para ejercer la acción de la justicia en su contra, previamente debería habérsele despojado de esa protección, mediante un procedimiento desde el Poder Legislativo, condición que no ha ocurrido»