CUERNAVACA, MOR.- La comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso el estado de Morelos, inició doce denuncias contra igual número de ex servidores públicos y ex diputados involucrados en la generación de documentos falsos y obtención de pensiones laborales ilegales con el apoyo de los diputados de la LIII legislatura local.
El diputado José Casas González, presidente de dicha comisión legislativa, anunció que las querellas buscan fincar responsabilidades contra todos los involucrados en dicho procedimiento irregular que permitió que funcionarios, colaboradores y hasta familiares de los diputados integrantes de la anterior legislatura, haya podido acceder a decretos legislativos para obtener pensiones, algunas de ellas, superiores a sus merecimientos laborales conocidos también como “pensiones doradas”.
Al inicio de la presente legislatura, se impulsaron algunas denuncias que permitieron iniciar procesos contra ex funcionarios y ex servidores públicos, que obtuvieron constancias laborales inexistentes o alteradas, que a la vez fueron validadas o impulsadas por la anterior legislatura, y que permitieron que algunos de los beneficiados obtuvieran pensiones de hasta 90 mil pesos mensuales.
Aún cuando la actual legislatura abrogó algunos de los decretos expedidos, aún falta por congelarse la mayoría de las más de 70 pensiones otorgadas bajo las condiciones señaladas.
En rueda de prensa, el legislador dijo que luego de integrar los expedientes y tener las pruebas necesarias, se presentaron las pruebas en contra de varios ex servidores públicos entre los que se encuentra la ex directora de Recursos Humanos de la 53 Legislatura, quien es señalada de fabricar documentos y alterar los registros laborales del Congreso, para beneficiar a familiares y amigos de ex autoridades del Congreso y del Ejecutivo estatal, según dijo.
Casas González adelantó que solicitará a las autoridades judiciales la pérdida de beneficios legales a quienes ya están bajo proceso, para que los señalados no gocen de procedimientos abreviados o la conclusión anticipada del proceso, además de imponer prisión preventiva oficiosa.