CUERNAVACA, MOR.- El Ayuntamiento de Cuernavaca inició una queja contra la Fiscalía Estatal Anticorrupción (FEA) ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM), por el operativo de cateo realizado este lunes en la sede de la tesorería municipal, mediante el cual fueron extraídos diversos documentos oficiales.
Así lo dio a conocer el asesor jurídico del gobierno municipal, Rogelio Maldonado, ya que desde la óptica del gobierno que encabeza el militante de Morena, Antonio Villalobos Adán, la acción policiaca impulsada por la FEA, no era necesaria y si representó un riesgo y momentos de temor para diversos trabajadores municipales.
La tarde de este lunes, elementos ministeriales con armas de alto poder, irrumpieron la sede de la tesorería municipal, y contaron el apoyo de elementos policiacos estatales y la Guardia Nacional, que colaboró con el cierre de calles y resguardo del perímetro, a la usanza de los operativos contra la delincuencia organizada.
El funcionario municipal afirmó que la queja ante la CDHEM busca evidenciar que la FEA se extralimitó en sus funciones, y además puso en riesgo a decenas de empleados que “son padres de familia, hay mujeres, jóvenes que no representaban ningún peligro” frente a la operación de la Fiscalía que llegó a la dependencia municipal como “si se tratara de perseguir a peligrosos delincuentes”.
Según expuso, la orden de cateo con la que entraron ese lunes a las oficinas municipales, le fue concedida de manera “sospechosa”, ya que en tres ocasiones anteriores, la FEA no obtuvo el permiso de los jueces correspondientes, debido a que no reunía las condiciones jurídicas necesarias para ello.
Finalmente dijo que se solicitó la intervención del órgano defensor de los derechos humanos, ya que los elementos policiacos de la FEA se llevaron también documentación personal de los empleados, así como información sensible de los funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, por lo que responsabilizaron a la vice Fiscal, Guadalupe Flores Servín, quien encabezó la operación, de los perjuicios que pudiera haber contra los servidores públicos afectados.