Con información de Milenio
David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), admitió que, a cinco años de la reforma constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), éste no ha funcionado por la manera en que fue diseñado y las diferencias políticas y sociales que existen entre las 32 entidades federativas.
“La creación del SNA marcó el inicio de los esfuerzos por mejorar el combate a la corrupción desde lo local, pero evidentemente en un país con dos mil 500 municipios y 32 entidades federativas, con lo que se ha denominado los tres Méxicos, el del norte, el del centro y el del sur, es muy difícil que podamos funcionar”, dijo Colmenares, al participar en la mesa “El impacto de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en el combate a la corrupción: La perspectiva federalista”, que organizó la ASF con motivo del Día Internacional contra la Corrupción.
El auditor dijo que el modelo federal que se pretendió implementar en el SNA no prosperó en el caso de la fiscalización superior, pues se contraponen las facultades de las auditorías estatales con la federal.
“A más de cinco años de iniciada la reforma anticorrupción, es difícil elaborar un balance justo sobre los avances logrados y efectos presentes, sobre todo considerando que se trató de una apuesta por establecer un esquema federalizado de combate a la corrupción, en el que las autoridades locales y federales cumplieran con sus respectivas responsabilidades a través de un marco de coordinación general. Sin embargo, desde mi perspectiva, el impacto del sistema ha quedado por debajo de las expectativas sociales debido a diversos factores, entre los cuales debemos comenzar por analizar los desafíos que impone cualquier política de tipo federalista”, dijo Colmenares.
Indicó que en el caso del combate a la corrupción, el sistema federalizado no tiene como sustento una reforma de tipo administrativo, tampoco la transformación de fondos, ni existe la descentralización de funciones, puesto que las instituciones encargadas de la revisión de cuentas y el combate a la corrupción en la Federación y los estados han coexistido por mucho tiempo.
«Sin embargo, como saben, hoy contamos con un Sistema Nacional Anticorrupción, cuyos objetivos esenciales eran coincidentes con los de cualquier iniciativa federalista”, explicó el auditor.
Colmenares agregó que él tiene objeciones al diseño del SNA, pues dijo que, de acuerdo con la reforma a la Constitución de 2015, se le dieron facultades a la ASF sobre los recursos que son considerados, en la coordinación fiscal, como propios de los estados, mientras que la facultad exclusiva para auditarlos está en la ASF, igual que las transferencias condicionadas.
Además, dijo, otra característica de la reforma de 2015 es que en el artículo 79 de la Constitución se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad y se dispuso el inicio de la fiscalización cuando todavía no se entregan las cuentas públicas al Congreso federal.
Finalmente, consideró que no existe un equilibrio de las facultades que se le dan a la ASF y las que se les dan a las auditorías estatales, pues el 95 por ciento de la recaudación de impuestos en los estados lo realiza la Federación y apenas el cinco por ciento lo hacen las autoridades de los estados.
Cabe recordar que el diseño del SNA implica la conformación de un Comité Coordinador que conglomera a siete instituciones, el cual debe homologarse en las entidades federativas, pero con las autoridades respectivas a nivel local.
