Con información de Reforma
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a José Luis Alarcón Ezeta, el ex delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Morelos, implicado en el caso del socavón del Paso Exprés, por un presunto enriquecimiento ilícito de 21 millones 79 mil 561 pesos.
La indagatoria la lleva a cabo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR, con base en una denuncia de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informaron funcionarios del Gobierno Federal.
La denuncia tiene su origen en una verificación patrimonial que llevó a cabo la SFP, después de que el 12 de julio de 2018 se abrió un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, incidente que ocasionó la pérdida de dos vidas.
Para la contraloría federal, Alarcón Ezeta presentó un incremento injustificado de su patrimonio durante su gestión como delegado de la SCT, de 2014 a 2017.
El resquebrajamiento del Paso Exprés, con cinco metros de profundidad, ocurrió apenas tres meses después de haber sido inaugurado por la SCT, en ese entonces a cargo de Gerardo Ruiz Esparza.
En enero pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la rescisión del contrato para la ampliación del libramiento de Cuernavaca, así como el finiquito respectivo, para las empresas Construcciones Aldesem y Epccor, constructoras del Paso Exprés.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también le inició dos procedimientos a Alarcón Ezeta por autorizar pagos a las empresas Aldesem y Epccor, constructoras del Paso Express de Morelos, que ocasionaron en conjunto un daño de más de 46 millones de pesos a la hacienda pública.
En el procedimiento DGR/D/09/2020/R/15/134, se le señala por un daño de 2 millones 26 mil 576 pesos, porque el 23 de septiembre de 2015, en su calidad de director General del Centro SCT Morelos, autorizó una factura a dichas constructoras, sin observar lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.
«Toda vez que se pagaron 515 Trafi-Tambos del concepto número 422 ‘Trafi- Tambos (equipados con lámparas de destello)’ adicionales a los 385 solicitados en el proyecto y bases de licitación originalmente pactados, sin contar con la autorización correspondiente», indicó la ASF.
Mientras que en el procedimiento DGR/D/09/2020/R/15/137, le atribuyen un daño de 44 millones 525 mil 716 pesos, pues desde el mismo cargo autorizó en forma indebida unas facturas fechadas el 23 de septiembre, 21 de octubre, 24 y 30 de noviembre de 2015 a las mismas firmas.
«(Ocasionó) el pago del concepto extraordinario número 22 «Suministro y colocación de barrera vial plástica de 155 x 58 x 84, cara lisa fabricada con material de calidad con protección UV8…», sin que se justificaran los rendimientos de la mano de obra, materiales y equipos considerados en la integración del citado precio unitario extraordinario ni del volumen pagado, dice un oficio publicado por el organismo revisor.