Autoridades federales revelaron que funcionarios municipales de Cuautla habrían utilizado clausuras de establecimientos como mecanismo de extorsión, exigiendo a comerciantes y empresarios pagos de hasta 200 mil pesos para permitirles reabrir sus negocios.
El subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Luis Rodríguez Díaz de León, señaló que las investigaciones realizadas en la región han documentado este tipo de prácticas, presuntamente con autorización del entonces alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien actualmente se encuentra detenido.
De acuerdo con el funcionario federal, los comerciantes que eran sancionados y cuyos establecimientos eran clausurados posteriormente eran presionados para entregar fuertes cantidades de dinero a cambio de que los sellos fueran retirados y pudieran volver a operar.
Las revelaciones se dieron durante un balance sobre la intervención federal en la zona oriente de Morelos, donde se mantiene la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional como parte del llamado Plan Cuautla.
Extorsión golpeó a comerciantes y empresarios
Rodríguez Díaz de León afirmó que durante años diversos sectores económicos de Cuautla enfrentaron una fuerte presión por parte de grupos delictivos, al grado de que algunos comerciantes podían recibir amenazas o exigencias de pago provenientes de hasta tres células criminales.
La situación también habría afectado a los restaurantes, muchos de los cuales comenzaron a cerrar desde las cinco de la tarde debido a la inseguridad.
“Llegábamos y ya ni siquiera nos tomaban la orden; nos decían que no había condiciones y que ya iban a cerrar”, relató el funcionario al describir las condiciones que enfrentaban los establecimientos.
Según la SSPC, actualmente comienza a observarse una recuperación de la actividad comercial y algunos negocios han podido ampliar nuevamente sus horarios de atención.
También afectaron a comerciantes de la Central de Abasto
El funcionario federal indicó que los comerciantes de la Central de Abasto también fueron víctimas de esquemas de presión.
En algunos casos, explicó, la extorsión provenía directamente de grupos criminales; en otros, los comerciantes enfrentaban clausuras por parte de autoridades municipales que posteriormente exigían pagos de cientos de miles de pesos para permitirles continuar con sus actividades.
Transportistas, bajo presión de varios grupos
El transporte público también habría sido uno de los sectores más afectados.
Rodríguez Díaz de León explicó que algunos concesionarios eran obligados a entregar una cuota a un grupo criminal para poder trabajar, pero aun después de realizar ese pago eran presionados por otras dos organizaciones o células delictivas.
El funcionario sostuvo que las acciones de seguridad implementadas en la región han comenzado a modificar este escenario y destacó la recuperación paulatina de la actividad económica.
La estrategia de seguridad en Cuautla será evaluada en los próximos meses por el gobierno federal, como parte del seguimiento a las acciones emprendidas para combatir la extorsión y otros delitos en la zona oriente de Morelos.