CUERNAVACA, MOR.- El gobierno de Morena en Morelos, ha convertido en Palacio de Gobierno y otros inmuebles, en espacio laborales malsanos e insostenibles para varios de sus trabajadores, quienes han denunciado condiciones insalubres, tratos denigrantes y presuntas violaciones a sus derechos laborales, como condicionamientos y reducciones criminales a sus salarios.
Pese ha que la administración estatal encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia, sostiene públicamente que todos los trabajadores del Poder Ejecutivo son tratados con respeto y ética, diversos testimonios recabados por este medio de comunicación, aseguran totalmente lo contrario, persisten la persecución, el hostigamiento y las de presión en contra de los trabajadores, principalmente los que tienen menor salario y de menor nivel administrativo.
De acuerdo con esos testimonios recabados, empleados han sido víctimas de maltrato institucional por parte de mandos superiores.
Entre las irregularidades reportadas se encuentra la reducción injustificada de salarios hasta en un 50 por ciento, sin previo aviso, ni fundamento legal.
Asimismo, se denuncian prácticas de hostigamiento laboral, confinamiento forzado en oficinas y la restricción de su derecho al descanso y acceso a alimentos.
Uno de los principales señalamientos apunta a que los trabajadores no tienen permitido salir a comer, ni durante su horario de descanso.
Aquellos que no llevan alimentos preparados desde casa, deben consumirlos en espacios improvisados como bodegas en malas condiciones, sin mobiliario adecuado, higiene o ventilación, lo que pone en riesgo su salud y dignidad.
También se reporta la prohibición de utilizar utensilios básicos como vasos desechables, a pesar de que el agua potable se encuentra disponible en garrafones en sus propias áreas. Según el personal, una jefa administrativa habría instruido que esos vasos sólo pueden ser utilizados por altos directivos.
Además de estas restricciones, se han documentado presiones para aportar dinero de forma obligatoria para celebraciones ajenas a su área de trabajo. Los trabajadores que se niegan a cooperar son castigados con sobrecarga de tareas fuera de sus funciones y asignaciones que buscan quebrar su moral, al grado de provocar crisis emocionales, según denunciaron.
Otro punto crítico es la exigencia de llevar insumos personales, como papel higiénico, bajo la amenaza de no recibir apoyo institucional para su higiene básica. En caso de no contar con este recurso, se les niega la posibilidad de salir a comprarlo, exponiéndolos a condiciones indignas.
Hasta el momento, algunos trabajadores nos han informando que tienen la intención de denunciar con pruebas, al Poder Ejecutivo por daños psicológicos como financieros.