Nadya Limas
CUERNAVACA-MOR. Hace tres semanas, aproximadamente 80 trabajadoras del Instituto de la Mujer de Morelos (IMM) denunciaron que autoridades estatales ingresaron a las instalaciones para desmantelarlas: retiraron computadoras, cámaras de vigilancia, cables y documentos, paralizando las labores cotidianas del instituto.
Esto ocurrió antes de que el Congreso del estado de Morelos discutiera la desaparición del instituto de la mujer del estado de Morelos (IMM), lo que sugiere una acción coordinada desde el gobierno; se presume que la gobernadora González Saravia influyó en diputados para asegurar votos favorables. El objetivo aparente: mantener el control de los fondos federales y obtener ventaja política electoral.
Con la mayoría de votos, el Congreso de Morelos aprobó extinguir el IMM. Cuatro días después, la gobernadora aseguró públicamente que cada trabajadora recibiría su finiquito y última quincena.
Sin embargo, el jueves 10 de julio de 2025, las afectadas fueron informadas que no recibirían finiquito ni su último pago pendiente. Cinco trabajadoras perdieron su departamento, al no poder cubrir pagos esenciales por falta de ingresos, afectando también a muchas que tienen hijos o mascotas a su cargo.
Desde que asumió su cargo como la primera gobernadora mujer de Morelos en octubre de 2024, Margarita González Saravia, aseguró que protegería y escucharía a las mujeres del estado. Sin embargo, sus acciones recientes han sido inconsistentes como una abrupta contradicción entre promesas y realidades, cuestionando su coherencia con los derechos laborales y la defensa institucional de las mujeres.